Cómo la voz del congreso da forma al texto

Decidimos examinar el texto constitucional, en el que se apoya la decisión adoptada por el agente público de turno de someter a la otra parte a la supremacía del Estado, al firmar instrumentos contractuales con instituciones del tercer sector o también llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Pues bien, antes de seguir avanzando en esta página en blanco, es necesario señalar que nos encontramos en el ámbito de la aplicación de las condiciones de asociación respaldadas por la Ley nº 13.019, de 31 de julio de 2014, y modificada por la Ley nº 13.204, de 14 de diciembre de 2015.

Este instrumento legal supone un hito civilizatorio en el trato de la Administración con el Tercer Sector, y no es un mero sofisma utilizar tal término, pues antes de este momento las ONG eran tratadas habitualmente como entidades que buscaban ampliar la interpretación de la legislación sobre filantropía con un sesgo hacia su propio beneficio, olvidando el fin constitutivo para el que fueron establecidas. Pero, volviendo al tema que nos inspira y dejando atrás este marco temporal, vemos tiempos promisorios para un sector que en 2023 cobrará mayor vigor con la instalación del Consejo Nacional de Fomento y Colaboración (CONFOCO). Revelamos esto porque, aunque a estados como Bahía, São Paulo y otros se les había concedido el derecho a crear su consejo nacional, éste fue denegado hasta diciembre de 2023. La composición de este espacio de negociación y equidad tiene como núcleo analizar el comportamiento de las entidades federativas (estados y municipios) en la aplicación de la legislación, te darás cuenta de que la paridad y la instalación del órgano la realiza el gobierno en sus tres esferas.

Acepta el texto emitido y el compromiso del ciudadano con la ley.

Empecemos por leer ipsis litteris de la legislación que nos proponemos observar, ve a la Ley nº 13.204/2015 y lee el Artículo nº 2-A.

Estamos destacando parte del artículo 2 de la Ley 13.204/2015, que señala el objeto, pero antes de entrar en el llamado objeto, es importante entender el grado de perfeccionismo del legislador en la expresión del acto, ya que define la competencia de la Administración Pública en la proposición de la política pública, ya que señala el diseño del acto sectorial como eje rector del acuerdo con el tercer sector. Veamos, no hay lugar a interpretaciones, ya que corresponde al órgano ejecutor (gobierno) diseñar la política pública, el objeto. Este punto de vista descarta de hecho la acción de copiar actos diseñados por autoridades superiores, aunque no en su totalidad, porque existe un reflejo natural de la legislación, la formación piramidal -la pirámide de Kelsen- inductora, en su forma diseñada de la forma de ejecución.

Este diseño mínimo significa que no hay solapamientos

Sin embargo, corresponde a la Administración, en actos u ordenanzas sectoriales, construir el objeto de la ejecución de los términos de la asociación, porque el hacer, el ejecutar, corresponde a las OSC convocadas para ello. De esta lectura debes darte cuenta que el acto elaborado por el departamento de políticas públicas sociales debe incluir una visión de territorialidad en el diseño mínimo, ya que esto le permitirá apalancar una regulación y disciplinar la forma y necesidades que busca superar al entregar el objeto a ejecutar. Este diseño mínimo garantiza que no haya solapamientos, ni reelaboraciones por parte de un departamento u otro o, lo que es aún más crítico, que otro departamento (organismo) realice las tareas definidas en el reglamento interno de las administraciones de turno. Se nos podrían ocurrir otros ejemplos, pero el objetivo es alcanzar un concepto mínimo de qué atribuciones ha diseñado el legislador para cada una de las partes y así avanzar de forma unitaria, equitativa y constructiva en la tarea de diseñar una intervención socio-territorial por parte del órgano ejecutor (fiscalizador) que cambie positivamente la realidad del ciudadano. Por un lado, y por el otro, dar parámetros honestos (que busquen definir de antemano el objeto, objetivo, metas e instrumentos de ejecución de la asociación) que sean fácilmente aceptados por la comisión fiscalizadora y el fiscalizador, así como cuando se recurra al órgano de control interno o externo, sepan que se les preguntará, y no haya lugar a interpretaciones sobre qué, cómo y dónde se llevó a cabo la ejecución acordada entre el órgano y la OSC mediante el instrumento contractual que definió la asociación.

La sujeción natural de las instituciones al marco jurídico

Cabe considerar, tras estas líneas, que existe la necesidad de clarificar, cada vez más, el comportamiento del legislador al utilizar la Ley 13.204/2015, pues existen diferentes interpretaciones sobre quién, cómo y dónde debe producirse el diseño del objeto y, con ello, naturalmente, definir los papeles de cada uno de los actores, Estado y Tercer Sector, en uno de los sectores de mayor avance de la Administración Pública. El legislador basó su actuación en los principios de la administración, y no hay lugar para ilusiones o interpretaciones fuera de estos marcos: la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, es justo que la lectura del PPA, LDO y PLO sean las herramientas que induzcan el gasto de los recursos públicos, considerando así que existe un objetivo tanto nacional como local a superar.

En este sentido, la legalidad es un principio básico de la Administración y es objeto de constante atención por parte de los agentes públicos a la hora de desarrollar cualquier acto administrativo, a lo que se añade la legitimidad, principio que desde la modernidad ha sido llamado al marco administrativo, pero que conocemos desde antes, porque ya dice que los actos realizados por los agentes públicos o en su condición de tales deben ser realizados por quienes tienen la competencia. Además, el principio de impersonalidad es relevante y debe guiar nuestra construcción. Para que los ciudadanos sean conscientes de ello, se elaboran instrumentos de convocatoria amplios, como las convocatorias de colaboración y promoción, donde la ejecución del objeto con mayor garantía es el fin que se persigue. La moral pública difiere de la de los demás, porque aquí el principio de moralidad es el de la moral común, que junto con la probidad son los baluartes de la Administración.

La moral pública difiere de la de los demás, porque aquí el principio de la moral es el de la moral común

Por supuesto, esta cadena se basa en el principio de publicidad, que de forma equitativa alcanza a todos los responsables, ya que para ser válida la Administración debe legitimar cada acto a través de este procedimiento. Veamos otro fundamento, el principio de economicidad. Es justo que la ley proporcione agilidad y, junto con ella, economía, siempre que preserve todos los expedientes que apalancan el pensamiento del legislador de poner en pie de igualdad a los mandados, en este caso, a la OSC que tiene la competencia, la legitimidad, la moralidad y utiliza la impersonalidad, la economicidad, la eficiencia y la eficacia para cumplir su vocación ante la sociedad: Servir a la comunidad de su territorio con un producto y servicio social que a lo largo de los años ha desarrollado como estandarte para cambiar positivamente el universo que le rodea.